Nº 30493-MP-PLAN-MCAS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA,
EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA
Y EL MINISTRO - COORDINADOR DEL ÁREA SOCIAL
(encabezado corregido mediante Fe de erratas de La Gaceta N° 125 de
1 de julio del 2002)
Con fundamento en el inciso 18 del artículo 140 de la Constitución
Política y en los artículos 25 y 27 de la Ley General de la Administración Pública.
Considerando:
1º—Que la acción de gobierno se organizará en áreas
prioritarias de trabajo, una de las cuales será el área social de gobierno.
2º—Que es necesario desarrollar las acciones del área social de
gobierno con un enfoque integral, basado en el Plan Nacional de Desarrollo, que vincule
los esfuerzos realizados para garantizar el desarrollo humano integral con las iniciativas
para reducir la pobreza, y que permita la estrecha vinculación de la política social con
la política económica.
3º—Que el enfoque integral citado demanda una acción global
coherente a lo interno del área social de gobierno, así como exige una concepción de
desarrollo que ponga al ser humano en el centro de las decisiones económicas, como
prioridad máxima en la asignación de recursos, lo que deberá conducir a una
modernización de la política social y de la política económica.
4º—Que es fundamental mejorar los mecanismos de asignación,
seguimiento y evaluación del uso de los recursos públicos destinados al área social de
gobierno, a fin de garantizar su uso eficiente y eficaz.
5º—Que no se ha supervisado adecuadamente la calidad de los
servicios sociales, lo que perjudica el bienestar de amplios sectores de la población.
6º—Que existen problemas en el funcionamiento de los programas
dedicados a los sectores pobres de la población que dificultan el acceso de éstos a los
beneficios de dichos programas.
7º—Que una parte importante de los programas sociales no ha
desarrollado sistemas de información para mejorar la gerencia de los mismos, a pesar de
que el país dispone de los medios informáticos y del personal calificado para realizar
tal labor.
8º—Que no ha existido una adecuada visión de conjunto de los
diversos programas del área social de gobierno que permita su funcionamiento sistémico e
integrado, lo que propicia las duplicidades entre los mismos y la dispersión de
esfuerzos, limitanto el impacto de tales programas.
9º—Que la concentración de las decisiones en los departamentos
centrales de las entidades públicas no permite el uso ágil y oportuno de los recursos en
las unidades locales, ante el crecimiento de las demandas de servicios sociales por parte
de la población.
Afirmando los siguientes principios:
Integralidad de la política social. La política social impulsará
el desarrollo humano integral, como tarea estratégica de largo plazo, que brinde a todos
los ciudadanos las capacidades y las oportunidades de participar en la construcción de un
futuro mejor. Al respecto se buscarán logros en campos como la salud, la educación, la
seguridad social, la vivienda, la familia, la igualdad de género y la cultura. Además,
la política social se compromete con la reducción de la pobreza como una tarea
impostergable en el corto y mediano plazo. Asimismo, se parte de que el crecimiento
económico es una condición insoslayable para la ampliación de las bases materiales del
desarrollo, pero no suficiente para alcanzar niveles de bienestar sostenido que incluya a
todos los ciudadanos. Por ello es fundamental que la política social integral, se oriente
hacia el desarrollo humano en donde el avance social es un factor estrechamente ligado al
éxito de la política económica, y viceversa.
Especialización. La complejidad de la acción pública en el área
social de gobierno requiere de que sus instituciones se especialicen en el desarrollo de
acciones específicas para la consecución de objetivos en campos determinados.
Complementariedad. La especialización, en un contexto de
complejidad del área social de gobierno, obliga al trabajo conjunto de las instituciones
para garantizar que los esfuerzos que se realizan sean aportes específicos a los
objetivos globales y no sean repeticiones de las acciones de otras entidades.
Desconcentración. En la medida en que la acción de las
instituciones va creciendo se necesita desconcentrar la toma de decisiones sobre la
operación local de las entidades, en el marco de las políticas institucionales definidas
por órganos centrales. Asimismo, la desconcentración permite una mayor participación
del usuario de los servicios en la definición de las prioridades locales, el seguimiento
y la evaluación de los resultados de la gestión.
Organización sistemática y armónica. Las entidades del área
social de gobierno actuarán como un conjunto integrado, en donde el accionar de cada una
colaborará a los objetivos globales de la gestión gubernamental, propiciando el
desarrollo armónico y uniforme de cada una de las entidades como componentes de un
sistema.
Eficiencia y calidad. Los recursos públicos deben utilizarse de
manera óptima, por lo que se deben asegurar los resultados obtenidos con éstos, tanto en
términos de su costo como de la calidad que garantice el fiel logro de los objetivos
institucionales. Por lo tanto, se usarán técnicas modernas de presupuestación por
resultados que permitan conocer la producción de los servicios sociales, la utilización
de los recursos, el rendimiento de éstos y su costo. En la misma dirección se usarán
procedimientos de auditoría externas de la calidad de los servicios en los principales
programas sociales. Con ello se procurará establecer las mejores prácticas
institucionales en la selección de beneficiarios, el uso eficiente de recursos, la
transparencia en el servicio y el mayor impacto positivo en los que reciben los servicios.
Estas auditorías podrán comprender la información que proporciona el sistema existente
de las Contralorías de Servicios.
Organización programática. Cada entidad que integre el
área social de gobierno deberá organizar su acción sustantiva en programas que
respondan a su misión institucional, dando un aporte a la política social. Los programas
se definirán en función de productos que permitan conocer su contribución operativa a
la misión de la entidad. Esto será un pilar de la presupuestación por resultados.
Asignación de recursos óptima. La asignación de recursos
evitará la duplicidad y la dispersión de acciones, concentrando los recursos en lo
relevante para la política social y la misión institucional. Para esto, los recursos se
asignarán buscando el uso apropiado de los mismos, atendiendo a los principios de
especialización, complementariedad, eficiencia y calidad, en el marco de las
posibilidades económicas que permita la programación macroeconómica y fiscal. Por
tanto,
Decretan: